Correa exigió a Kinema firmar una cláusula de confidencialidad para mantener los pagos en secreto
Rafael Correa, ex presidente del Gobierno de Ecuador, exigió a Kinema, la cooperativa de Podemos, firmar una cláusula de confidencialidad para que los pagos que estaban recibiendo desde la Embajada del país andino en España quedaran bajo el más estricto de los secretismos. Una orden que fue ejecutada por los entonces embajadores Aminta Buenaño y Miguel Calahorrano, ambos correístas, y aceptada por la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias.
Como ayer publicó OKDIARIO, el Gobierno de Correa pagó 394.000 euros a Kinema, la cooperativa fundada por el diputado de Podemos Rafael Mayoral, por prestar asesoramiento jurídico sobre los desahucios a los ecuatorianos residentes en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. Unos pagos que se llevaron a cabo, al menos, entre los años 2013 y 2014 a través de la Embajada de Ecuador en España.
Tal y como figura en ambos contratos hay una cláusula de confidencialidad, denominada Obligaciones, que dice así: “Constituyen principios y normas fundamentales de este contrato, la buena fe y la confidencialidad de su contenido, propósitos y realizaciones. Sin perjuicio de la contratación de los servicios profesionales pertinentes para la realización de este servicio, Kinema no podrá ceder o transferir en ningún caso las obligaciones que derivan de este contrato a ninguna otra persona, natural o jurídica española o de cualquier otra nacionalidad”.
Seguidamente, advierte que si la cooperativa de Podemos decidiera no acatar la orden de no revelar bajo ningún concepto sus vínculos económicos con el Gobierno de Rafael Correa tendría que pagar una multa. “Si Kinema incumpliera esta obligación deberá indemnizar a la Embajada por una cantidad similar al importe total del contrato”, finaliza la cláusula, sin concretar a cuánto ascendería la hipotética sanción.
Estos contratos suscritos entre los años 2013 y 2014 fueron firmados personalmente por los embajadores que el Gobierno de Ecuador había enviado a España durante aquellos años: Aminta Buenaño (2010-2013) y Miguel Calahorrano (2013-2017), ambos cargos políticos y no diplomáticos. Por parte de la cooperativa de Podemos ambos documentos están firmados por Elena Marcello, de la máxima confianza de Pablo Iglesias, entonces representante de Kinema y hoy presidenta de la entidad.
Kinema triplicó sus ingresos
La crisis de los desahucios en España hizo que los ingresos económicos de Kinema aumentaran de manera exponencial. En concreto, Kinema pasó de cobrar en tan sólo un año de 14.000 a 41.000 euros al mes de la Embajada de Ecuador por asesorar jurídicamente al Gobierno de Rafael Correa en materia hipotecaria.
El 6 de junio de 2013, la ex embajadora Aminta Buenaño firmó un contrato con Kinema en el que el Gobierno de Correa se comprometía a pagar 64.182 euros a la cooperativa de Podemos. Tras su finalización, en septiembre de 2013, Kinema firmó con la Embajada del país andino una ampliación del contrato por tres meses más a cambio de otros 39.870 euros. Es decir, en total, sólo en 2013, Correa pagó 104.052 euros a la cooperativa de Podemos. Una cifra que, dividida entre los siete meses de trabajo de Mayoral da como resultado un ingreso de 14.864 euros al mes.
Mientras la cooperativa de Podemos se lucraba asesorando a los ecuatorianos residentes en España sobre los desahucios, los desalojos por impagos en nuestro país no dejaban de crecer. En 2013 hubo 67.189 personas que se quedaron sin sus casas por no poder pagar la hipoteca al banco. Al año siguiente la cifra se incrementó hasta los 68.091 desahucios. Tras esta subida, automáticamente, Correa aumentó los pagos a Kinema, que pasó de ingresar 14.864euros a 41.461 euros al mes.
El 27 de marzo de 2014, Kinema firmó un nuevo contrato con la Embajada de Ecuador por siete meses, nuevamente ofreciendo asesoramiento jurídico en materia de desahucios. Por este breve periodo de tiempo, Kinema cobró del Gobierno de Correa 290.229,47 euros, tal y como figura en la cláusula segunda del contrato. Esta cantidad de dinero se le ingresó a la cooperativa de Podemos en cuatro pagos. El primero, tras la firma del contrato, de 35.507,90 euros. Seguidamente, 30 días después, otro pago de 80.583,89 euros. Tras la entrega de un informe evaluativo, un tercer pago de 87.068,84 euros. Y por último, un cuarto pago, también de 87.068,84 euros, tras la entrega del informe final.